Hay casos de auditores gubernamentales que cuando auditan lo hacen de una manera en que juzgan las decisiones de la máxima autoridad como si ellos tuvieran esa prerrogativa. Es decir, auditan como si fueran los administradores, decidiendo qué debió contratarse y qué no; utilizando además un criterio subjetivo en casos que ni siquiera se puede demostrar la existencia de un perjuicio económico.
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