La orden de reintegro es la segunda figura jurídica que se encuentra dentro de las responsabilidades civiles culposas que determina la Contraloría General del Estado. Como tal, se produce cuando el perjuicio económico ha ocurrido por haberse realizado un pago indebido. Cabe identificar que, un pago indebido es aquel que no tiene fundamento legal o contractual y que se realizó a beneficiarios que no cumplieron con la contraprestación. También es importante conocer quién es el beneficiario/s y quiénes facilitaron el pago a fin de identificar a los responsables principales y subsidiarios, estos últimos que gozan del derecho de orden y excusión.
Autor: Francisco Aguirre Manosalvas
Reclamo negado a títulos de crédito
El reclamo de un título de crédito ante la Contraloría General del Estado, pese a que fue emitido violando la misma ley de la Contraloría, se ha convertido en una tarea infructuosa e inútil. Pese a que el reclamo administrativo, sobre este asunto, está regulado en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Coactiva de la Contraloría General del Estado el organismo de control prefiere no afrontar el reclamo y enviar a los administrados a que planteen juicios ante los distintos Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, lo cual satura el sistema de justicia, por asuntos que fácilmente podían ser resueltos en sede administrativa.
Prescripción en el cobro de obligaciones de la Contraloría General del Estado
Como administrado, hay que estar atento a la posible prescripción del cobro de una obligación por parte de la Contraloría General del Estado. Una responsabilidad civil culposa, emitida por el organismo de control, que se encuentra en firme desde hace más de 10 años, incurre en causal de imposibilidad de cobro de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. No obstante, mientras esto no sea declarado, de oficio o apetición de parte, por el Contralor General del Estado la posible obligación podría ser ejecutada.
Glosas por multas no cobradas
En este video explicamos el por qué, en un contrato administrativo, las multas no cobradas oportunamente no pueden ser impuestas de forma posterior por la Contraloría General del Estado mediante las denominadas “glosas”.
La prescripción de la acción y la caducidad frente a las actuaciones de la administración pública
La prescripción y la caducidad son instituciones jurídicas similares pero no iguales. Es importante conocer la diferencia para saber tomar ventaja de cada una en el momento oportuno, especialmente cuando se ejerce defensa ante las actuaciones de la administración pública.
Cómo destruir un acto administrativo!
La motivación de un acto administrativo tiene que ser correcta para que éste no pueda ser impugnado. Por lo tanto, si atacamos a la motivación del acto su validez puede ser “destruida”. Por eso, tenemos que fijarnos en el/los verbos rectores que sustentan la motivación del acto y desvirtuar, en la medida de lo posible, […]