Los acuerdos emitidos por la Contraloría General del Estado en respuesta al incendio de su edificio y la pandemia de COVID-19 reflejan esfuerzos por adaptarse a situaciones extraordinarias y garantizar la continuidad de sus funciones. Sin embargo, la institución jurídica de la caducidad pone de manifiesto la importancia de respetar los principios legales, incluso en contextos complejos. Mientras que los plazos y términos para los administrados fueron supuestamente flexibilizados, la caducidad permaneció como un límite inalterable para la competencia de la administración.
La caducidad protege la seguridad jurídica y evita actuaciones arbitrarias o extemporáneas, garantizando un equilibrio entre los derechos de los administrados y las responsabilidades de la administración. Este caso resalta la necesidad de que los organismos públicos consideren cuidadosamente las implicaciones de sus decisiones en relación con los principios fundamentales del sistema jurídico ecuatoriano.
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¿Se puede demandar a los auditores de la Contraloría?
El artículo 333 del Código Orgánico Administrativo establece una regla clara y coherente con los principios del derecho administrativo: los auditores de la Contraloría General del Estado no pueden ser demandados personalmente por los actos que realizan en el ejercicio de sus funciones, siempre que actúen dentro del marco de la ley. Este principio no solo protege a los funcionarios públicos, sino que también garantiza la estabilidad y la eficacia del sistema de control gubernamental.
Sin embargo, esta protección no es absoluta. Cuando los auditores actúan de manera dolosa, negligente o fuera de sus competencias, pueden ser responsabilizados personalmente, siempre y cuando se prueben estas conductas. Asimismo, las personas afectadas por actos administrativos considerados injustos tienen a su disposición una serie de recursos y acciones legales para defender sus derechos y buscar justicia.
En última instancia, esta discusión subraya la importancia de garantizar un equilibrio entre la protección de los funcionarios públicos y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones. La Contraloría General del Estado, como pilar de la transparencia y la rendición de cuentas en Ecuador, debe actuar con rigurosidad y respeto a los derechos de los ciudadanos, asegurando que sus decisiones estén fundamentadas en la ley y en los principios de justicia y equidad.
Es mejor ejercer defensa oportuna, abra el correo electrónico!
Ignorar las notificaciones de la Contraloría General del Estado, ya sea por descuido, desinterés o desidia, es un error que puede tener consecuencias graves para los administrados. Estas comunicaciones son esenciales para ejercer una defensa efectiva y para garantizar un procedimiento justo. Conocer de manera oportuna cualquier actuación que la Contraloría tenga que comunicarle permite al administrado proteger sus derechos, evitar sanciones injustas y demostrar responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
En este sentido, es crucial que los administrados adopten una actitud proactiva frente a las notificaciones de la Contraloría, revisando regularmente sus correos electrónicos y respondiendo de manera diligente. Este comportamiento no solo les beneficia personalmente, sino que también refuerza los principios de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Solo a través de esta actitud comprometida se puede garantizar una relación equilibrada y justa entre los administrados y el organismo de control.
El momento que la Contraloría le envíe un correo electrónico está notificado, cuidado!
Equivocadamente, a nuestro criterio, ciertos jueces del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Quito consideran que el administrado es notificado del acto administrativo cuando la entidad pública le envía un correo electrónico (sin importar si la persona abrió o no el mismo). Esto viola el derecho a ejercer defensa de forma oportuna y con los medios adecuados, que la Constitución de la República del Ecuador señala en su artículo 76 numeral 7, literales a), b), c) y h).
Entonces, a futuro, habrá que “adivinar” si la Contraloría le mandó un correo electrónico porque si no le llegó o no lo abrió, un buen día se encontrará que ni en el banco tiene fondos, puesto que la mencionada entidad ya le puso medidas cautelares con una orden de pago inmediato, algo sumamente preocupante.
Resoluciones de Contraloría son nulas, por incompetencia en el grado de quien las suscribe
Las resoluciones de la Contraloría General del Estado que son suscritas por el Director Nacional de Responsabilidades son nulas cuando el monto de la glosa u orden de reintegro supera los 500 Salarios Básicos Unificados.
Nulidad de las actuaciones de la Contraloría por incumplir las Normas de Auditoría Gubernamental
El incumplimiento de las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, publicadas en el Registro Oficial Edición Especial No. 6 de 10 de octubre de 2002 y emitidas mediante el Acuerdo No. 19-CG del Contralor General del Estado subrogante, acarrea la nulidad de las actuaciones de la Contraloría. Específicamente, explicamos en este video el por qué la suscripción de la comunicación de resultados provisionales solo con la firma del jefe de equipo y no con la del supervisor, conjuntamente, viola la NEAG 09, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Constitución.