La prohibición de ejercer cargo público

La prohibición de ejercer un cargo público como resultado de una acción de control realizada por la Contraloría General del Estado, para que sea constitucional y legal, tiene que ser impuesta bajo las siguientes condiciones: 1) que exista una resolución (acto administrativo) en firme, y 2) que el administrado se encuentre en mora con el Estado. No obstante, hemos conocido casos en los cuales sin que se cumplan las citadas condiciones el Ministerio del Trabajo ha impuesto este gravamen de forma injusta, arbitraria e ilegal.

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¿Cuándo es eficaz un acto administrativo?

La notificación es esencial para que el administrado pueda ejercer su derecho a la defensa. Tanto la Constitución como el Código Orgánico Administrativo en Ecuador establecen la necesidad de
que el administrado conozca el contenido completo del acto administrativo que le ha sido notificado. Sin embargo, la Contraloría General del Estado ha emitido un reglamento que contradice estas garantías al considerar la notificación electrónica efectiva solo con el envío de la boleta al correo del administrado. Esto viola el debido proceso y el derecho a la defensa. En cuanto al orden de las actuaciones administrativas, en el caso de las resoluciones de la Contraloría, se sigue el proceso de expedición de la resolución, emisión de la boleta y notificación de la resolución junto con la boleta. La notificación es la acción que otorga eficacia jurídica al acto administrativo.
En caso de demoras en abrir el correo, la responsabilidad recae en la entidad pública. La entidad debe buscar otras formas de notificación, como sea en persona, correo certificado, prensa o medios de comunicación. El incumplimiento de este postulado por parte de la entidad de control viola el derecho a la defensa de los administrados, quienes tienen el derecho de contradecir y presentar recursos.

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El “campo minado” que es el recurso de revisión ante la Contraloría General del Estado

La presentación de un recurso de revisión en ocasiones puede convertirse en una trampa para los administrados, por los vacíos y contradicciones legales que tiene la LOCGE y sobre lo que los mismos juzgadores que imparten justicia manejan criterios divergentes. Por ello, en todo caso, consideramos que el camino más certero para el ejercicio del derecho a la defensa ante las actuaciones de la Contraloría General del Estado sigue siendo la vía judicial que, aunque lenta y también controvertida, ha demostrado ser más eficaz que el conocido reclamo administrativo (recurso de revisión).

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