En el caso de las actuaciones que comunica la Contraloría General del Estado, la normativa establece momentos procesales claramente definidos para ejercer defensa ante las mismas. Sin embargo, muchos casos se pierden por no prestar atención a los plazos y términos correspondientes. En el video adjunto explicamos cuál es el tiempo que tiene el administrado […]
Vídeos
Motivación obligatoria para la desvinculación de servidores públicos con nombramiento provisional
La motivación constituye un deber legal y constitucional en todo acto administrativo, incluida la desvinculación de servidores públicos. Su omisión puede acarrear la nulidad del acto. No obstante, se observa un incumplimiento reiterado por parte de las entidades públicas, pese a lo establecido en el artículo 18, literal c, del Reglamento General de la Ley […]
El incumplimiento de plazos por la Contraloría no siempre implica caducidad
Es crucial distinguir los plazos establecidos en la Ley de la Contraloría: solo los perentorios, propios del procedimiento gubernativo, generan caducidad. Una interpretación errónea al alegar caducidad o ilegalidad (Art. 76.3 CRE) puede ser determinante para ganar o perder un proceso judicial contra la Contraloría General del Estado.
La vulneración a la motivación, debido proceso y derecho a la defensa por parte de la Contraloría
En el caso de estudio expuesto en este video se hace un análisis sobre una resolución de responsabilidad administrativa culposa en la que imponen la multa de 20 salarios básicos del trabajador del sector privado (8 500 USD) a un analista de estudios mecánicos por el supuesto hecho de que no puso las especificaciones técnicas en un estudio para la obra de mejora en un hospital público.
No solicite 🫨 el recurso de revisión para las sanciones administrativas
El artículo 60 de la LOCGE, al prohibir el recurso de revisión en casos de responsabilidades administrativas culposas, se enfrenta a una clara contradicción con los artículos 173 y 76, numeral 7, letra m de la Constitución de la República del Ecuador. Esta disposición limita los derechos de las personas al debido proceso y a la revisión, pilares fundamentales de un estado constitucional de derechos y justicia.
Para corregir esta situación, es necesario emprender reformas legales y garantizar que todas las normativas se ajusten a los principios constitucionales. Solo a través de estos esfuerzos se podrá fortalecer la justicia administrativa y proteger los derechos de los ciudadanos de manera efectiva. La alineación entre la LOCGE y la Constitución no solo es un imperativo jurídico, sino también un paso esencial para consolidar la confianza en las instituciones y promover un sistema más justo y transparente.
¿Pueden unirse🫱🏻🫲🏼 todos quienes están en una misma resolución para demandar a la Contraloría?
El “litis consorcio” es una figura jurídica que permite que dos o más personas se puedan unir para demandar a un tercero en un mismo proceso judicial. En casos contra la Contraloría General del Estado no recomendamos utilizar esta figura porque: 1) Es misión imposible conseguir la voluntad de todos los interesados en unirse en la misma demanda, 2) Una defensa individual siempre será más efectiva.