En los procesos de determinación de responsabilidades, la Contraloría General del Estado ha incurrido en una práctica cuestionable: excluir a ciertos responsables sin una justificación clara y motivada. Esto genera resoluciones incoherentes, en las que se sanciona a algunos involucrados mientras otros, incluso siendo protagonistas del hecho, quedan fuera del proceso sin explicación.
Existen casos en los que la propia Contraloría reconoce que el perjuicio económico es atribuible a un actor específico —como un proveedor o contratista—, pero aun así decide no sancionarlo, trasladando la responsabilidad a otros funcionarios. Esta contradicción evidencia una falta de lógica y de motivación en el acto administrativo.
La jurisprudencia contencioso-administrativa ha sido clara al respecto: la determinación de responsabilidades no puede realizarse de forma discrecional, sino que debe incluir a todos los involucrados en los hechos observados. La exclusión injustificada constituye un defecto del procedimiento que puede afectar la validez de la resolución.
En este contexto, identificar estas inconsistencias se convierte en un elemento clave dentro de la estrategia de defensa, ya que pueden ser utilizadas para solicitar la nulidad de la actuación administrativa ante los tribunales.
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