El informe de pertinencia (y favorabilidad) que emite la Contraloría General del Estado, como una suerte de aprobación para que se contrate, no garantiza que en el futuro el mismo organismo de control sea quien observe que en una contratación hubo sobreprecios, con el consecuente informe a la Fiscalía General del Estado y un eventual juicio penal, en aplicación del artículo 294.1 del Código Integral Penal que impone una pena de 5 a 7 años al contratante y contratista por el delito de vender con “sobreprecio” a una entidad del Estado. En un caso que exponemos, de septiembre 2021, de 20 compañías de seguros a las cuales CELEP EP Hidrotoapi les pidió proforma, para presentar dentro de su estudio de mercado para contratar el servicio de seguros, ninguna presentó respuesta. ¿Será que, ya, nadie quiere venderle al Estado por el miedo de que la Contraloría declare, eventualmente, un sobreprecio en lo contratado?
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Sobreprecios en la Contratación Pública – Parte I
La denominada “Ley anticorrupción” vigente desde agosto 2021 es un campo minado para contratantes y proveedores del Estado. El llamado “sobreprecio en contratación pública” es una guillotina lista para ser activada, por parte de la Contraloría General del Estado, contra contratistas ya que el nuevo tipo penal impone una pena de 5 a 7 años.
Fallo de triple reiteración, sobre la aplicación del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
La Corte Nacional de Justicia, el 25 de octubre de 2021, dictó un fallo de triple reiteración sobre la interpretación del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Se ratifica que, si la Contraloría General del Estado no expide la resolución de responsabilidad civil culposa glosa dentro el plazo de 180 días (calendario), desde que son notificados de la predeterminación lo administrados, entonces se produce la caducidad de la potestad contralora.
La consecuencia de esto es la nulidad del acto administrativo de la Contraloría; que tendrá que ser, obligatoriamente, declarada por los jueces.
Fallo de triple reiteración sobre el Art. 26 de la LOCGE
La Corte Nacional de Justicia se ha pronunciado, mediante un fallo de triple reiteración, sobre la nulidad absoluta que genera la aprobación de un informe de auditoría fuera del término de 180 días por parte de la Contraloría General del Estado.
Cuando la Contraloría viola su propia ley “no existe consecuencia jurídica”, dice el organismo de control
De forma impúdica y desvergonzada, la Contraloría General del Estado indica que cuando ellos violan la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE) esto “no tiene una consecuencia jurídica”. Entonces ¿por qué la ley establece plazos fatales para que este organismo realice su trabajo?, o es que la ley solo es para los auditados y ¿no para quienes auditan?
La gran verdad de la defensa, en sede administrativa, ante la Contraloría General del Estado
La defensa , en sede administrativa, ante la Contraloría General del Estado es un ejercicio casi inútil. El organismo de control confirma las predeterminaciones sabiendo incluso que viola su propia ley (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado).
El ejercicio de control a ultranza, como lo realiza la Contraloría, pone en entredicho la actividad del control de los recursos públicos, al buscar culpables, sea como sea, y obligarles a las personas auditadas a ir a un juicio contencioso administrativo por el desgaste, muchas veces innecesario, que esto significa.