El Oficio No. 09165 de la Procuraduría General del Estado es un pronunciamiento clave que clarifica el alcance del recurso de revisión en sede administrativa dentro de la Contraloría General del Estado. Al confirmar que los artículos 43 y 44 del Reglamento de Determinación de Responsabilidades permiten la revisión de decisiones sobre responsabilidades administrativas culposas, el documento fortalece los principios de legalidad, debido proceso y derecho a la defensa. Este criterio, aunque de aplicación general y abstracta, tiene un impacto significativo en la administración pública al garantizar la posibilidad de impugnar actos administrativos de la CGE antes de acudir a la vía judicial. Con ello, se refuerza el equilibrio entre la potestad de control de la Contraloría y los derechos de los administrados, asegurando que los procedimientos sean transparentes y ajustados a las garantías constitucionales.
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La vulneración a la motivación, debido proceso y derecho a la defensa por parte de la Contraloría
En el caso de estudio expuesto en este video se hace un análisis sobre una resolución de responsabilidad administrativa culposa en la que imponen la multa de 20 salarios básicos del trabajador del sector privado (8 500 USD) a un analista de estudios mecánicos por el supuesto hecho de que no puso las especificaciones técnicas en un estudio para la obra de mejora en un hospital público.
Las auditorías internas de las Empresas Públicas y su competencia frente a los exámenes especiales
Las auditorías internas de las Empresas Públicas ecuatorianas no tienen competencia para realizar exámenes especiales. Esto en razón que el artículo 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas indica que las auditorías internas realizarán únicamente el control previo y concurrente. Al ser el examen especial una acción de control posterior a las actividades realizadas por los servidores públicos, tal como lo señala el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, no puede una unidad de de auditoría interna evaluar las operaciones a través de un examen especial, esto pese a que el mismo artículo 47 señala que lo pueden hacer. Esta antinomia se resuelve aplicando lo dispuesto en los artículos 427 y 315 de la Constitución de la República del Ecuador así como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales; prevalecerá la ley posterior y de especialidad, esto es la LOEP, y en caso de duda se aplicará la norma que sea más favorable al administrado.
No solicite 🫨 el recurso de revisión para las sanciones administrativas
El artículo 60 de la LOCGE, al prohibir el recurso de revisión en casos de responsabilidades administrativas culposas, se enfrenta a una clara contradicción con los artículos 173 y 76, numeral 7, letra m de la Constitución de la República del Ecuador. Esta disposición limita los derechos de las personas al debido proceso y a la revisión, pilares fundamentales de un estado constitucional de derechos y justicia.
Para corregir esta situación, es necesario emprender reformas legales y garantizar que todas las normativas se ajusten a los principios constitucionales. Solo a través de estos esfuerzos se podrá fortalecer la justicia administrativa y proteger los derechos de los ciudadanos de manera efectiva. La alineación entre la LOCGE y la Constitución no solo es un imperativo jurídico, sino también un paso esencial para consolidar la confianza en las instituciones y promover un sistema más justo y transparente.
¿Pueden unirse🫱🏻🫲🏼 todos quienes están en una misma resolución para demandar a la Contraloría?
El “litis consorcio” es una figura jurídica que permite que dos o más personas se puedan unir para demandar a un tercero en un mismo proceso judicial. En casos contra la Contraloría General del Estado no recomendamos utilizar esta figura porque: 1) Es misión imposible conseguir la voluntad de todos los interesados en unirse en la misma demanda, 2) Una defensa individual siempre será más efectiva.
Beneficios “intangibles” 🤔 de defenderse de la Contraloría General del Estado
Defenderse ante una sanción impuesta por la Contraloría General del Estado en Ecuador es una acción que tiene beneficios claros y trascendentales. Limpiar el nombre y proteger la reputación personal y profesional es esencial para evitar los efectos negativos que una sanción injusta puede generar en múltiples ámbitos. Asimismo, garantizar que se haga justicia y evitar el pago de multas injustas protege los derechos individuales y refuerza los principios de transparencia y legalidad en el sistema administrativo.
Si bien enfrentar a un organismo como la Contraloría puede ser un desafío, los resultados de una defensa adecuada justifican el esfuerzo y los recursos invertidos en este proceso. En última instancia, luchar contra una sanción injusta no solo beneficia a la persona afectada, sino que también contribuye al fortalecimiento del estado de derecho y a la confianza en las instituciones públicas