Como administrado, hay que estar atento a la posible prescripción del cobro de una obligación por parte de la Contraloría General del Estado. Una responsabilidad civil culposa, emitida por el organismo de control, que se encuentra en firme desde hace más de 10 años, incurre en causal de imposibilidad de cobro de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. No obstante, mientras esto no sea declarado, de oficio o apetición de parte, por el Contralor General del Estado la posible obligación podría ser ejecutada.
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Glosas por multas no cobradas
En este video explicamos el por qué, en un contrato administrativo, las multas no cobradas oportunamente no pueden ser impuestas de forma posterior por la Contraloría General del Estado mediante las denominadas “glosas”.
La prescripción de la acción y la caducidad frente a las actuaciones de la administración pública
La prescripción y la caducidad son instituciones jurídicas similares pero no iguales. Es importante conocer la diferencia para saber tomar ventaja de cada una en el momento oportuno, especialmente cuando se ejerce defensa ante las actuaciones de la administración pública.
Cómo destruir un acto administrativo!
La motivación de un acto administrativo tiene que ser correcta para que éste no pueda ser impugnado. Por lo tanto, si atacamos a la motivación del acto su validez puede ser “destruida”. Por eso, tenemos que fijarnos en el/los verbos rectores que sustentan la motivación del acto y desvirtuar, en la medida de lo posible, […]
Caducidad en la expedición de una sanción administrativa emitida por la Contraloría
Hicimos un video en el que se hace un análisis de la sentencia emitida en el proceso 17811-2023-00476 del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Quito, que se resuelve que la Contraloría General del Estado tiene el plazo fatal de 60 días plazo para confirmar una resolución de sanción administrativa. Lo interesante e importante de la […]
¿Qué es la auditoría gubernamental?
La auditoría gubernamental es una actividad de control posterior a la ocurrencia de las operaciones/actividades realizadas en las entidades públicas. Lamentablemente, el enfoque punitivo que utiliza la Contraloría General del Estado ha degradado esta actividad al punto de convertirla en un castigo para los servidores públicos.