La entrega de información institucional a los auditores de la Contraloría General del Estado debe realizarse cuando la ley así les faculta y solo por parte de los servidores públicos autorizados y custodios de la documentación. La informalidad con la que actúan ciertos auditores en pedir información a toda que persona que se les cruza en el camino incluyendo ex servidores y contratistas no debe ser acatada. No decimos que no se debe entregar información a los funcionarios de la Contraloría sino que se debe hacerlo con base en la normativa interna y con el tino y cuidado que esta labor amerita.
Autor: Francisco Aguirre Manosalvas
El peor organismo de la historia
La Contraloría General del Estado compite consigo misma para demostrarnos donde están las peores prácticas de administración pública del Ecuador. Con un ex Contralor sentenciado por concusión, y otro (el actual) detenido para investigaciones con causales similares a la de su ex jefe, la Contraloría sigue dando vergüenza a todos los ecuatorianos.
Glosa vs Orden de reintegro
La confusión que la Contraloría General del Estado tiene sobre qué es una orden de reintegro y sobre una glosa provoca que equivocadamente el organismo de control emita glosas a diestra y siniestra sin percatarse que el yerro en la utilización de la figura jurídica provoca la declaración de nulidad de sus actos administrativos en los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo del país.
La caducidad y la Contraloría General del Estado
La caducidad, como figura e institución jurídica, es la pérdida de competencia que tiene un órgano administrativo para pronunciarse por el simple transcurrir del tiempo. Un acto administrativo expedido fuera del tiempo establecido en la ley es nulo, así lo determina el Código Orgánico Administrativo en su artículo 105 números 4 y 5. En el proceso de control gubernamental existen varias fases en las cuales la Contraloría General del Estado debe cumplir con su trabajo dentro de los plazos y términos señalados en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE). Lamentablemente, el organismo de control desconoce en la mayoría de sus actuaciones cuando incurre en caducidad y esto obliga a los administrados a buscar justicia en sede judicial con los gastos, de todo tipo, que eso implica.
No solicite el recurso de revisión a la Contraloría
El recurso de revisión, como último recurso que se puede interponer en sede administrativa, suele ser atractivo para los administrados en razón del costo y aparente menor tiempo que tomaría en comparación de una defensa judicial. No obstante, este recurso se convierte verdaderamente en una trampa de la cual difícilmente se puede salir. ¿Por qué? Pues la Contraloría defiende a capa y espada sus actuaciones anteriores como si estas fueran inamovibles o totalmente legales, lo cual en muchísimos casos no es cierto manteniendo así una mal llamado “espíritu de cuerpo” malinterpretando la ley y violando así los derechos de las personas auditadas. El haber interpuesto el mencionado recurso llega entonces a convertirse en una verdadera pesadilla en la cual la Contraloría, comúnmente, mantiene un silencio sepulcral que a la larga le favorece y perjudica los intereses de los recurrentes.
El “ajedrez” de la defensa ante la Contraloría
Defenderse de las observaciones de la Contraloría General del Estado requiere de una buena estrategia jurídica. Estar atento a los errores procesales e interpretaciones erróneas en las que incurre el organismo de control es algo que puede solucionar el caso de forma inmediata (de pleno derecho). Por eso sugerimos, que se ataque a los argumentos de la Contraloría con las mejores “armas” de defensa jurídica que se tenga y no se esté dando vueltas cuando se dispone de “reinas” como en el ajedrez.